04.MAY Sábado, 2024
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Operativo militar

La Policía de Kenia está retirando explosivos instalados por los miembros de la milicia radical islámica somalí Al Shabab en el centro comercial de Nairobi asaltado el pasado sábado, informó el cuerpo policial a través de Twitter.

Impunidad. La Fiscalía archivó la investigación seguida por la muerte de una menor de 8 años por impacto de bala durante una operación contra narcoterroristas en el poblado de Ranrapata, en el departamento de Junín, en setiembre de 2012. En esa ocasión, la primera dama Nadine Heredia y la titular de la Mujer se mostraron ante la prensa con tres menores rescatados que, se dijo, eran ‘pioneritos’ pero, al final, resultó que no lo eran.

Una patrulla del Ejército intervino una vivienda en el centro poblado Meccaira, en el distrito de Luricocha, (Huanta) en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), y halló enterrados dos fusiles FAL calibre 7.62 mm, ambos con números de serie borrados; 11 cargadores, 211 cartuchos para fusil FAL, y 33 cartuchos para fusil Galil, calibre 5.56 mm.

BOGOTÁ (EFE).– Las FARC reclamaron los cuerpos del que fue su número dos, ‘Raúl Reyes’, y de los otros guerrilleros muertos en el operativo militar colombiano desplegado hace cuatro años en Ecuador.

La oposición inició ayer el recolección de 34 firmas para presentar una moción de censura al ministro de Defensa, Pedro Cateriano, por su responsabilidad política frente al operativo militar del sábado 8 en el anexo de Ranrapata, del distrito de Santo Domingo de Acobamba, Huancayo, donde murió la menor Soraida Caso (8).

En la mira. El fiscal de la Nación, José Peláez, anunció que se investigará y determinará el grado de responsabilidad y participación de los ministros del Interior, Wilfredo Pedraza, y de Defensa, Pedro Cateriano, en el caso de la niña fallecida durante el operativo antisubversivo de las fuerzas combinadas en Ranrapata, Junín, el fin de semana pasado.

El 22 de abril de 1997 se llevó a cabo el operativo de rescate de 72 rehenes que permanecieron secuestrados durante 126 días e la residencia del embajador japonés en manos del MRTA. La operación militar culminó con éxito. Sin embargo, hoy los comandos enfrentan denuncias por supuestas ejecuciones extrajudiciales.