18.MAY Martes, 2021
Lima
Última actualización 08:39 pm
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Opinión

La ofensiva contra Lava Jato se puso en marcha en febrero, a partir de las declaraciones de Odebrecht, pero se ha acelerado en las últimas semanas. Desde entonces, los políticos, de todos los partidos, venían negociando un acuerdo para evitar que los juicios los alcanzaran.

A pesar de ello, las reformas políticas avanzaban. Pero después de que las denuncias alcanzaron a Michel Temer y Aécio Neves, las reformas fueron puestas a un lado y la impunidad pasó a ser el tema central de la agenda política en el país.

En las últimas semanas se ha tomado un paquete de medidas negativas: el juez Edson Fachin, del Supremo Tribunal Federal, ha retirado de Sergio Moro 4 de los 5 juicios de Lula y uno del ex ministro de Finanzas de Dilma Guido Mantega; el Tribunal Regional Federal ha revertido la sentencia de Moro y ha declarado inocente a Joao Vaccari, ex tesorero del PT, y Michel Temer ha recortado el presupuesto de la Policía Federal en 50%, obligándola a reducir el personal asignado a Lava Jato. Además, el estatus de senador de Aécio Neves, que había sido retirado 3 semanas atrás, le ha sido devuelto y el principal sospechoso de la investigación a Michel Temer, el diputado Rodrigo Loures, ha sido liberado.

Los políticos están siendo efectivos en utilizar sus poderes para desarmar Lava Jato, pero ello va a tener costo político. Lava Jato tiene más de 90% de respaldo social, la opinión pública está informada de lo que hacen sus autoridades y se siente desconcertada. En octubre de 2018 serán las elecciones nacionales y la población expresará con su voto su sentir sobre la falta de ética de los políticos que actualmente gobiernan el país.


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