05.MAY Miércoles, 2021
Lima
Última actualización 08:39 pm
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Opinión

Se encuentran en Lima 125 apus de comunidades amazónicas ubicadas entre Saramurillo y San José de Saramuro. La razón de su viaje: los reiterados derrames de petróleo –y la consiguiente contaminación– que genera la explotación de hidrocarburos y su traslado por el Oleoducto Norperuano.

El problema no es nuevo; tiene años presentándose, y ahora las comunidades llevan cerca de 80 días de paro de protesta por esta causa. El reclamo interpela, como casos similares, frente a la poca presencia del Estado. Incluso ante la emergencia, este demora semanas en enfrentar exigencias para la sobrevivencia de las personas afectadas.

Como informan en la página web de Servindi los sacerdotes agustinos Miguel Ángel Cadenas y Manolo Berjón, quienes llevan considerable tiempo trabajando en la zona, “después de un derrame como los sufridos en las comunidades nativas de Monterrico y Nueva Alianza, en el distrito de Urarinas, provincia y departamento de Loreto […], en setiembre 2016, es necesario proporcionar agua, sobre todo agua, pero también alimentos y medicinas”.

No obstante, como ellos subrayan en su comprometido texto, “desidia es la palabra que utilizamos para indicar que, a pesar de haber pasado más de un mes del derrame en Nueva Alianza, no han recibido ni una gota de agua. De igual modo Monterrico”.

A lo que agregan, con palabras que son una alerta, pero sobre todo un llamado a la responsabilidad de los funcionarios, que “este despropósito solo aumenta los niveles de rabia, esa que después les da miedo a los mandatarios. Solo se nos ocurren un par de explicaciones a esta inacción: por un lado, discriminación: no nos conmueve el dolor de los otros, menos cuando son indígenas; por otro lado, si no salen en los medios de comunicación, no existen”.

Por todo esto, y sin más acciones de protesta de por medio, además de declarar la zona en emergencia ambiental y social, es momento de atender los puntos de la plataforma de las comunidades, tales como la revisión del contrato con Pluspetrol y la aprobación de una ley de monitoreo ambiental.


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