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Opinión

“La Fiscalía está obligada a trazar una estrategia de comunicación (…) con el Congreso”.

Se está haciendo cada vez más evidente un conflicto entre el Congreso, en particular la comisión Lava Jato, y la Fiscalía. La tensión aumentó cuando el último miércoles, por decisión del colegiado de la Fiscalía, el encargado de la investigación, el fiscal Hamilton Castro, no asistió a la mencionada comisión.

Esta controversia es una manifestación de tres problemas centrales: el respeto y el resguardo de la autonomía y de la independencia del Ministerio Público para hacer su labor; la necesaria coordinación e intercambio de información con otras instancias del Estado, como el Congreso; y la información que la Fiscalía requiere brindar a la opinión pública.

La sugerencia de algunos integrantes de la comisión de acusar constitucionalmente al fiscal supremo, Pablo Sánchez, no parece una buena idea, porque aunque es cierto que la Fiscalía está mostrando una gran lentitud para develar avances sustantivos, una decisión como esa llevaría a poner en duda, peligrosamente, la independencia y la autonomía de la futura investigación de la Fiscalía. Y eso sí sería muy grave.

Sin embargo, la Fiscalía está obligada a trazar una estrategia de comunicación y de coordinación con el Congreso y también con la Procuraduría. Es imprescindible, igualmente, que organice una comunicación regular con los medios, como lo hacen otros países de la región.

Pero también debe precisar sus objetivos. Informar, por lo menos parcialmente, como lo han hecho el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Fiscalía de Brasil, sobre los compromisos adoptados con Odebrecht y, para el futuro, con cualquier otra empresa brasileña investigada. Ofrecer un balance de la situación y anunciar, por ejemplo, si habrá acuerdos multinacionales de cooperación.

La Fiscalía debe asumir que está ante un caso con un fuerte efecto mediático y en la opinión pública, y que si quiere sostener su legitimidad y credibilidad, tiene que actuar en consonancia.


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