18.MAY Martes, 2021
Lima
Última actualización 08:39 pm
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Opinión

Desde setiembre del 2015, Cotabambas protesta por la modificatoria del EIA de la empresa minera Las Bambas. En lugar del mineroducto, que era el compromiso original, ahora los ciudadanos de esa zona tienen que soportar el paso, por una precaria vía calificada como “nacional”, de entre 250 (El Comercio, 16.10.16) y 400 camiones diarios (La República, 15.10.16) cargados con mineral. ¿Se imaginan algo así en un distrito de Lima?

Pues bien, a propósito de las protestas contra Las Bambas perdió la vida el ciudadano Quintino Cereceda Huisa. La causa: un impacto de bala en la cabeza, disparada por un policía, como lo confirmó el ministro del Interior, Carlos Basombrío. El contingente de la Policía buscaba despejar la carretera por la que pasan los camiones de la empresa.

El ministro –hay que reconocer su valentía y claridad– señaló que el “coronel Juan Fernando Sarango aprobó (…) un plan de operaciones presentado por la Dirección Policial de Apurímac sin dar cuenta (…) a su jefe superior, el director nacional de Operaciones Policiales, ni al director general de la Policía” (El Comercio 16.10.16). Agregó que el documento operativo “debió ser elaborado por el jefe de la División Policial de Abancay, coronel Claudio Marcial Zúñiga Sánchez, antes de intervenir. Dicha orden de operaciones no fue elaborada (…). Por lo tanto, en este caso también se actuó unilateral e inconsultamente” (El Comercio 16.10.16).

La pregunta cae de madura: ¿quién dio la orden de intervenir? ¿Los 2 coroneles se mandaron por la libre? ¿La empresa no dijo nada?

En todo caso, ¿la Policía está para cuidar a la empresa o también, y sobre todo, a los ciudadanos (véase el Art. 1 de la Constitución)? Urge aclararlo, sobre todo si se quiere acabar con la “costumbre” policial de disparar en protestas ciudadanas confiando en que reinará la impunidad.


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