09.DIC Lunes, 2024
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Opinión

“Humala agrega que no puede hablar de contenidos porque son parte de la investigación”.

Interceptados. Investigación de El Comercio publicó transcripciones que recogen llamadas telefónicas de Ollanta Humala y su entorno más íntimo durante la campaña de 2011. El ex jefe de Estado acusa directamente al ex presidente Alan García y a su entorno de ‘prácticas asquerosas’ de chuponeo.

Todo empezó en 2010 con la autorización de un juez para interceptar las comunicaciones de Florindo Hala (a) ‘Artemio’, quien desde 2012 purga cadena perpetua por terrorismo. ¿Cómo llega hasta el círculo íntimo del entonces candidato nacionalista? A través de la ex dirigente cocalera Nancy Obregón, con quien un contacto de Artemio, se comunicaba con cierta frecuencia.

Humala asegura que lo que escuchó en la Fiscalía que encabeza Juárez Atoche no tiene efecto legal y agrega que no puede hablar de los contenidos porque son parte de la investigación.

La Fiscalía tiene 180 audios en los que recoge conversaciones de Ollanta Humala, Nadine, su hermano Ilan, el entonces tesorero del Partido Nacionalista Julio Torres y de Amílcar Gómez, quien estuvo en el levantamiento de Locumba y en el caso ‘Madre Mía’. Aquí hay dos discusiones, como ocurre con las agendas. La primera es si fue legal la forma en que fueron obtenidas esas conversaciones. Una estrategia parecida a la de las agendas de su esposa cuyas páginas reseñan montos, nombres y rutas de dinero durante esa campaña.

En las escuchas telefónicas, Humala centra su respuesta en que fue una persecución del gobierno de García y una supuesta ilegalidad por la interceptación, en su calidad de candidato presidencial y presidente electo. Pero responde poco o nada sobre lo que dicen esas conversaciones en relación a involucrados y montos en el financiamiento de su candidatura. Como en el caso de las agendas: ‘sí es mi letra, pero las robaron, ergo no sirven y no deben incluirse’, ahora Ollanta dice: ‘es mi voz, pero, como nos chuponearon, no sirven, ni tienen efecto’. La Fiscalía tiene la palabra.


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