05.DIC Jueves, 2024
Lima
Última actualización 08:39 pm
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Opinión

“Son varios los problemas que se detectan en este caso. El primero y más evidente es la falta de entendimiento de que el espacio público debe ser accesible y libre”.

Es de nunca acabar. La defensa de nuestra ciudad y nuestros espacios públicos no termina. Si no es una propuesta de obra absurda es un parque que se quiere privatizar. Si no es una piscina “pública” que te cobra por clases de natación –de la mano de una academia– es una playa que nos quieren arrebatar. El proyecto del muelle Ana María en la playa Los Yuyos en Barranco es otro ejemplo de todo lo que funciona mal cuando no se comprende que la ciudad es un bien público.

Son varios los problemas que se detectan en este caso. El primero y más evidente es la falta de entendimiento de que el espacio público debe ser accesible y libre. En general, cualquier elemento o práctica que suponga una barrera para el disfrute del mismo por parte de los ciudadanos atenta contra la idea de que los espacios públicos son lugares de encuentro. Y no, no se trata de que sean lugares de encuentro solo para algunas personas, deben serlo para cualquier ciudadano, sin importar su condición socioeconómica. Además, la confusión que existe con relación a las autoridades que tienen injerencia sobre qué se hace y qué no en la Costa Verde permite que algunos vivos pretendan ejecutar obras pues saben que después ya resulta difícil sacarlos. “Total, si ya lo construiste no te van a sacar”, deben decirse entre sí mismos para atreverse a meter clandestinamente trabajadores. Otro elemento es que, ante las constantes agresiones a nuestras playas, sorprenda que no exista una posición clara acerca de qué debe ser promovido y qué no en un área como la Costa Verde.

Sin embargo, una buena noticia emerge de esta batalla. La ciudadanía que se activa. Aquí, los héroes, nuevamente, son los ciudadanos. Aquellos que no se amilanan y aunque podrían seguir su camino y mirar de costado deciden tomar acción y enfrentarse. Algunas veces lo hacen ante trabajadores que no pueden mostrar los permisos que validarían su presencia en el lugar y otras lo hacen frente a sus propios alcaldes. Por supuesto, las redes sirven de altavoz para denunciar y además consiguen algo que antes era inaccesible, nos acercan a las autoridades. Ante la denuncia, un par de congresistas se acercaron a la misma playa a constatar el atropello y a exigir que se detenga. A su vez, el Municipio de Lima retiró las estructuras haciendo valer su autoridad. Por lo pronto, esta iniciativa privada para hacer el muelle aún no cuenta con los permisos necesarios. Lo importante ahora es vigilar qué argumentos se usarían para una potencial aprobación de la obra y exponer aquellos que mantendrían a la playa como pública, siempre, como debe ser.


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