12.DIC Jueves, 2024
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Opinión

“Thorne está repitiendo, corregida y aumentada, la nociva receta de Segura: reducir la inversión pública justo cuando más se necesita que esta aumente”.

Si el gobierno sigue sin reaccionar frente al escándalo de corrupción, la economía crecerá 2% o menos en 2017.

La inversión pública ha colapsado 24% en febrero. La caída es todavía más estrepitosa en el gobierno nacional, en que alcanza el 46%. Peor aún, en lo que va del gobierno, la inversión pública ha caído 15%. A. Thorne está repitiendo, corregida y aumentada, la nociva receta de A. Segura: reducir la inversión pública justo cuando más se necesita que esta aumente. El gobierno “destrabador” está trabado.

Si la inversión pública cae 20%, el crecimiento se reducirá en 1%. La menor inversión pública arrastrará a la inversión privada, lo que restará, al menos, otro 0.5% al crecimiento. Están, además, los efectos negativos de la crisis de Graña y Montero, de las inundaciones, y del aumento en el costo del crédito debido a las mayores tasas de interés en el mundo.

¿Qué hacer? Primero, sugiero intervenir los proyectos y concesiones sospechosos de corrupción como las Interoceánicas, Olmos, Chavimochic, Rutas de Lima y Línea Amarilla. Con ello se evitaría mayor parálisis en la inversión, el empleo y el flujo de servicios públicos. Asimismo, se les cerraría el caño a las empresas investigadas, impidiendo que estas liquiden sus activos, lo cual pondría en una situación de ventaja al Ministerio Público.

Segundo, hay que impulsar la inversión estatal a través de obras públicas sin participación privada. No hay tiempo para esperar a que se revise el esquema de APPs. Proyectos con rentabilidad social positiva abundan: agua y desagüe, escuelas, hospitales, doble vía a la Panamericana. Por ejemplo, dado el mal diseño de la APP de Chinchero, se podría construir el aeropuerto como obra pública sin necesidad de concesionarlo.

Tercero, PPK debe liderar una estrategia frente a la corrupción. Pero ello solo será creíble si hay transparencia sobre la inverosímil cronología del 4 de agosto de 2005, día en que se concesionó la Interoceánica Sur. Más allá de Monroy, ¿por qué el Consejo Directivo de Proinversión, que presidía PPK, le dio luz verde a la carretera desoyendo a la Contraloría? Si el proceso de concesión fue impecable, ¿para qué Odebrecht habría coimeado a Toledo con US$20 millones? ¿Es Odebrecht un coimero cándido?

Los empresarios pueden ayudar mucho. Si Graña es inocente, ¿por qué no demanda a Barata y Odebrecht por difamación y daños y perjuicios? ¿No sería acaso la mejor manera de calmar a los inversionistas y evitar mayores pérdidas? Era mucho pedir tener un gobierno de lujo. Suficiente sería tener un gobierno que gobierne.


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