TC confirma que no cabe referéndum para aplicar pena de muerte

El presidente del Tribunal Constitucional (TC), César Landa, aclaró este domingo que es inviable

la posibilidad de realizar un referéndum para decidir la aplicación de la pena de muerte en el país, ya que así lo señala el artículo 32 de la Constitución, el cual además

es - en opinión de algunos juristas

- "pétreo", es decir, que no se puede variar.

"En el artículo 32 (de la Constitución) se señala que, en efecto, no cabe hacer referéndum para reducir los derechos fundamentales de una persona", dijo el magistrado en CPN, al comentar la propuesta del presidente Alan García para consultar al pueblo la aplicación de la pena de muerte para violadores y asesinos de niños menores de 7 años.

Landa sostuvo, además, que para algunos juristas el artículo 32 de la Carta política es "pétreo", es decir, inamovible o que no se puede modificar. Este argumento contradice el esgrimido por el jefe de Estado, quien sostiene que "nadie puede argumentar que el artículo 32 es invariable y eterno, porque por encima de la Constitución de 1993 está la voluntad del pueblo".

El titular del TC recordó que históricamente las consultas populares en el Perú han sido convocadas por gobiernos autocráticos con el objetivo de modificar la Constitución para incrementar su poder y el control sobre determinados aspectos.

El magistrado sostuvo que hay otras medidas más "aflictivas" que la pena capital, como la cadena perpetua, y añadió que el Estado debe canalizar la indignación que genera en la población la violación de niños seguida de asesinato o la violencia terrorista sancionando estos actos en el marco que la propia ley establece en estos casos.

"Hace muchos años, la legislación ha dejado de lado la ley del talión y por eso ha establecido códigos penales y tribunales autónomos", indicó, tras sostener que incluir penas que retraen a las ya existentes iría en contra de lo estipulado por los tratados internacionales, de los que el Perú es parte.

En tal sentido, recordó que la defensa de la persona humana y su bienestar es el fin supremo del Estado, por lo que debe garantizar el derecho a la vida de sus ciudadanos, así estos hayan cometido los crímenes más execrables.

El titular del TC consideró positivo que el Estado consulte a la Corte de San José sobre los efectos jurídicos de aplicar la pena capital siendo el Perú firmante de la Convención Americana de Derechos Humanos.

NO SE SERÍA APLICABLE.

Por su parte, Marcos Ibazeta, ex decano del Colegio de Abogados de Lima, sostuvo

que la propuesta del jefe de Estado de someter a referéndum la modificación de la Constitución para poder aplicar la pena de muerte es una "iniciativa válida para dar internamente una respuesta a un clamor popular dentro del país", pero indicó

que, de aprobarse, es poco viable que se haga realmente efectiva.

Esto porque -

dijo - la Comisión Interamericana de Derechos Humanos intervendrá en el primer caso donde haya peligro o amenaza de la aplicación de la pena capital. Señaló que, en este caso, es más conveniente dar un poco de tiempo para que la población misma reflexione sobre este controversial tema.

Por su lado, la bancada del Partido Nacionalista pidió hoy al Gobierno poner "punto final" a su intención de aplicar la pena de muerte en el país y no insistir en este tema. El vocero de este grupo parlamentario, Juvenal Ordoñez, adelantó que se opondrán en el Congreso a la convocatoria de un

referéndum para la aplicación de esta sanción. "Se debe poner punto final y avanzar en otros temas que el Perú necesita como la redistribución de la riqueza en el país", añadió.