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Bolivia sacudida por protestas sobre distribución de impuesto a hidrocarburos

Viernes 09 de septiembre del 2005 | 12:00

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LA PAZ, Set 9 (AFP) -

El presidente boliviano, Eduardo Rodríguez, atraviesa una de las peores crisis desde que asumió el gobierno en junio pasado, debido a huelgas de hambre de alcaldes y otros funcionarios municipales y universitarios en las grandes ciudades, disconformes con la distribución de un impuesto a los hidrocarburos.

Los alcaldes de Santa Cruz, Percy Fernández, y de Cochabamba, Gonzalo Terreros, encabezan sendas huelgas que reúnen a más de medio centenar de concejales, lo que ha creado serias crisis en la segunda y tercera ciudad en importancia de Bolivia.

También participan de la huelga funcionarios municipales de La Paz y de Potosí, además de directivos universitarios, todos exigiendo un porcentaje en los recursos de los impuestos por la venta de gas.

La administración del presidente Rodríguez calificó de ilegal el pedido, mientras las autoridades de la universidad estatal de La Paz, la mayor del país, iniciaron protestas que incluyen el ayuno voluntario.

Más de 300 municipios bolivianos demandan una participación del 25% en los ingresos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos, mientras las universidades estatales reclaman el 5%.

La solicitud de los municipios y las universidades representaría una erogación anual de unos 125 millones de dólares, según las autoridades.

El Estado debe recaudar unos 500 millones de dólares -producto de la aplicación del IDH- luego de la aprobación de una nueva legislación de hidrocarburos, promulgada en mayo pasado, que eleva a 50% el pago de impuestos y regalías a las petroleras.

"No han pasado ni dos meses en que la República de Bolivia ha incrementado su capacidad de recaudar por los hidrocarburos y ya estamos peleando por ellos", deploró la víspera el presidente Eduardo Rodríguez, tras arribar de Puerto Maldonado donde asistió con sus colegas de Brasil y Perú a la ceremonia de inauguración de una vía interoceánica.

Rodríguez, ex titular de la Corte Suprema de Justicia, sugirió que "cuando uno no está de acuerdo con una disposición o una pretensión, tiene el camino de la ley que faculta a todos los bolivianos a acudir al Tribunal Constitucional".

"No hacerlo y elegir la vía del bloqueo y la huelga de hambre genera un clima de incertidumbre", señaló Rodríguez, designado transitoriamente en junio pasado con la misión de organizar elecciones imparciales en diciembre próximo.

Más directo, el ministro de Hacienda, Waldo Gutiérrez, afirmó que "los municipios no tienen ningún derecho legal sobre el IDH. No han ido al Tribunal Constitucional a aplicar ninguna ley".

"Si los municipios continúan en la posición de querer todo a cambio de nada, el mejor escenario para discutir esto es la Asamblea Constituyente", convocada para julio de 2006, remató Gutiérrez.

La protesta se agravó en Santa Cruz, 900 km al este de La Paz, con la ocupación de parte de universitarios del edificio del Servicio de Impuestos y la amenaza de las organizaciones cívicas de ocupar los puestos de peaje en las carreteras interdepartamentales.

Otros grupos de estudiantes y trabajadores municipales mantenían los cortes de varias rutas de Cochabamba (sudeste) con el interior, mientras otros sectores, como el del transporte, amenazó con tomar medidas si el gobierno no resuelve el conflicto.

El gobierno aceptó inicialmente incrementar las transferencias a las regiones a cambio de que la alcaldía asuma otras obligaciones, propuesta rechazada por los municipios.

La alcaldía de Oruro (sur) efectuó en tanto un paro de actividades de 24 horas, mientras la de Tarija (sur), donde está asentada la riqueza gasífera, discutía este viernes si se sumaba a la protesta.

Bolivia posee la segunda reserva de gas más importante de Sudamérica (48,7 trillones de pies cúbicos o 108 billones de metros cúbicos), detrás de Venezuela, y exporta el energético a Brasil y Argentina.

El país debe celebrar elecciones generales en diciembre próximo.