Moratoria de 10 años para transgénicos

El Pleno del Congreso aprobó el dictamen del proyecto de ley que declara una moratoria de diez años para el ingreso al territorio nacional de Organismos Vivos Modificados (OVM) con fines de cultivo, crianza o de cualquier índole de productos transgénicos.

El proyecto fue sustentado por el presidente de la Comisión Agraria, Aníbal Huerta (PAP), quien manifestó que ante el peligro que pueda significar el uso de la biotecnología, se debe aprobar una moratoria para cuidar nuestra biodiversidad.

Recibió el respaldo de los congresistas Elizabeth León, Franklin Sánchez, Mauricio Mulder, Oswaldo Luízar, Jorge del Castillo, Oswaldo de la Cruz, Luis Wilson, Yonhy Lescano, Aldo Estrada, Hilda Guevara, Gloria Ramos y María Sumire, quienes, desde diferentes ópticas, coincidieron en la defensa de la biodiversidad nacional por nuestra mayor diversidad climática, pero discreparon en el plazo de la moratoria.

El congresista Alejandro Rebaza (PAP), hizo algunas precisiones al dictamen y, al igual que sus colegas Sánchez y Estrada, propuso una comisión técnica de prevención e investigación que en dos años emita un informe.

En contra de la moratoria se expresaron los legisladores Raúl Castro (UN) y Juan Carlos Eguren (UN), pues consideraron que ya consumimos productos transgénicos y que no se podía cerrar las puertas a la biotecnología porque la producción transgénica, que busca cubrir la necesidad alimentaria, es 70% más barata que la producción orgánica.

El parlamentario José Saldaña recordó que los biólogos pidieron archivar el proyecto en debate porque ya existe una ley al respecto, en tanto que la legisladora Yaneth Cajahuanca sugirió dejar el proyecto para la próxima gestión.

Por su parte, los congresistas Luis Giampietri (PAP) y Édgard Núñez (PAP) dijeron que no se puede cerrar las puertas a la ciencia y que se puede optar por una moratoria prudencial de cinco años.

La propuesta fue aprobada por 56 votos a favor, cero en contra y dos abstenciones y exonerada de segunda votación por 50 votos a favor, cuatro en contra y tres abstenciones.

La norma aprobada establece una moratoria de diez años, fija como autoridad competente del tema al Ministerio del Ambiente y crea una Comisión Técnica de Evaluación y Prevención de Riesgos de uso de OVM, la que en dos años deberá emitir un informe sobre el tema.