Confirman que Alarcón se benefició con fondos de Alianza

Se estrecha el círculo. Mientras Guillermo Alarcón posa para la cámara, ensaya una sonrisa y firma los nuevos refuerzos de Alianza Lima, su imperio de poder se tambalea. El presidente íntimo afronta varias denuncias penales y podría, además, dejar el cargo por una investigación iniciada por la Junta Calificadora y de Disciplina del club victoriano.

Sus problemas empiezan con la División Policial de Investigación de Denuncias Derivadas del Ministerio Público Público, que ha establecido que Alarcón, junto al extesorero Carlos Gallardo Jugo y el actual tesorero Augusto Donayre Paiva “resultan presuntos autores del Delito Contra el Patrimonio-Fraude en la Administración de Personas Jurídicas, bajo la modalidad de ‘Ocultamiento a los asociados de la situación de la persona jurídica’ y ‘Uso en Provecho Propio’, en agravio de Alianza y de sus socios”. La pena por este delito es de cuatro años de cárcel.

Para la PNP, que a pedido de la 3° Fiscalía Provincial Penal de Lima ha investigado una denuncia contra Alarcón interpuesta por los socios Oswaldo Carpio y Andrés Pujazón, existen elementos de juicio que acreditan que el directivo, sin estar facultado por el estatuto ni autorizado por la asamblea general o el consejo directivo, abrió cuentas bancarias a título personal, junto con cada uno de los tesoreros, a fin de que allí se depositaran los ingresos del club (entre ellos el dinero cobrado por él mismo en Europa por los pases de jugadores como Farfán y Cruzado), lo cual habría sido ocultado. Peor aún, el atestado concluye que se evidencia, por parte de Alarcón, la utilización de dichos recursos en beneficio propio (como serían pagos en restaurantes).

La investigación de la PNP también determina que Guillermo Alarcón “resulta ser presunto autor del Delito contra la Fe Pública-Falsedad Ideológica, en agravio de Alianza Lima, el Estado a través de la Sunarp y de los socios Luis David Guzmán Barrón Sobrevilla, Augusto Salcedo Sánchez, Cronwell Palacios Bracamonte, Augusto Valdivia Alvarado, Roberto Carlos Vega Velarde y Ernesto Gamarra Carrasco”. Ninguno de ellos participó en la Asamblea Extraordinaria del 3 de noviembre de 2009 (donde Alarcón logró la destitución de varios directivos) y, sin embargo, fueron incluidos en la misma. Por ello ‘Pocho’ podría recibir una condena de seis años.

ESA CARTA DESGRACIADA. Pero si la situación penal de Alarcón ya enciende alarma, su estabilidad en el club está por desmoronarse. Héctor Ordóñez, integrante del Consejo Directivo y su ‘exmano derecha’ ha pedido a Otto Rizo Patrón, presidente de la Junta Calificadora y de Disciplina del club, que investigue una serie de hechos que van desde perjudicarlo a él hasta hechos contra la propia institución.

Perú.21 tuvo acceso a la carta donde, entre otras cosas, Ordóñez narra las intenciones de ‘Pocho’ de asumir la presidencia de la FPF, porque “tiene a Manuel Burga comiendo de su mano” y de cómo así el vicepresidente de Alianza, Jorge Arce, se ‘adueñaría’ del sillón blanquiazul. También da cuenta de la marcada influencia de Fernando Alonso, representante de Gustavo Costas, en la elección de lugares de pretemporada y amistosos a jugar, así como la negativa a cancelar deudas con Jefferson Farfán y Wilmer Aguirre. A ‘Pocho’ se le vino la noche.

LA PRUEBA. Perú.21 tiene el atestado donde a Alarcón se le señala como presunto autor de delito contra el patrimonio y delito contra la fe pública. Todo el dinero que ingresa al club íntimo va directamente a las cuentas de ‘Pocho’. Además, presentó documentos que acreditan presencia de socios en asamblea extraordinaria del 3 de noviembre de 2009. Pero varios de ellos ni siquiera estuvieron en el país ese día.