Se pierden 150 mil hectáreas de bosques

Debido a la deforestación, cada año se pierden en el país 150 mil hectáreas de bosques, un área que equivale a 10 veces la superficie del Callao. Así lo informó la defensora del Pueblo, Beatriz Merino, quien refirió que, con ello, se quita el principal sustento a las comunidades nativas y se hace un grave daño al medio ambiente.

En la presentación del informe ‘La política forestal y la Amazonía peruana: avances y obstáculos en el camino hacia la sostenibilidad’, Merino refirió que los bosques aportan importantes servicios ambientales al país vinculados con el agua y con el suelo, y su pérdida representa más del 42% del total de emisiones de gases de efecto invernadero del Perú, los cuales contribuyen al cambio climático.

La funcionaria refirió que, para la elaboración del informe, la Adjuntía del Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas supervisó 81 oficinas de diversas dependencias estatales vinculadas con el medio ambiente, así como de los gobiernos regionales de Amazonas, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, San Martín y Ucayali.

Tras la supervisión se detectó que la mayoría de oficinas tiene serias deficiencias que limitan su labor fiscalizadora, pues solo tres poseen camionetas operativas. “Se ha encontrado muy poco personal, en promedio tres personas por cada oficina, que para las enormes extensiones de territorio es insuficiente. Pareciera responder a un diseño establecido para que no funcione ni se controle nada”, manifestó Merino.

RECOMENDACIONES. Ante este panorama, el adjunto para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, Iván Lanegra, indicó que se ha recomendado al Congreso+ priorizar el debate de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, incorporando a las comunidades nativas en el debate para que planteen sus puntos de vista.

También demandó que la Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio del Ambiente dispongan un proyecto de ley de ordenamiento territorial, y que se transfiera a los gobiernos regionales los recursos necesarios para que las funciones sean debidamente ejecutadas.