Fiscal desconoce condena y ‘limpia’ a la desaforada Elsa Canchaya

Sencillamente insólito. El fiscal adjunto supremo Tomás Gálvez Villegas –el mismo que está comprometido en el escándalo que derivó en la destitución del miembro del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) Efraín Anaya– dictaminó a favor de la prescripción del delito imputado a Elsa Canchaya Sánchez, la desaforada parlamentaria que contrató a su empleada doméstica como asesora de su despacho.

Gálvez pide el archivamiento de su caso, desconociendo que ya hubo sentencia dictada. Perú.21 accedió al pronunciamiento fiscal que declara fundada la excepción de prescripción presentada por Canchaya, y en ninguna de sus 10 páginas hace referencia alguna a la sentencia de tres años de inhabilitación para el ejercicio de la función pública y a su destitución como congresista que dictó el vocal supremo Sócrates Zevallos el 7 de octubre de 2009.

El fiscal está procesado por denuncia del procurador del Legislativo, Julio Ubillús, por dilatar este proceso favoreciendo, precisamente, la prescripción. Para Gálvez, el plazo de prescripción se cumplió el 3 de enero de 2010, y afirma que a ello se le debe sumar 35 días por el proceso de acusación constitucional.

También elude lo establecido en el artículo 80° del Código Penal –que dispone que el plazo de prescripción para el caso de funcionarios públicos es el doble– y señala que el caso no ha afectado el patrimonio público, desconociendo que el sueldo de la asesora ‘fantasma’ de Canchaya fue pagado con fondos públicos.

Otro error en este dictamen fiscal es insistir en sostener que la desaforada legisladora solo propuso la contratación de Jacqueline Simon cuando, en el memorándum del 3 de enero del año 2007, lo que hace es comunicar que la mencionada ya trabaja como asesora de su despacho y pide que se le reconozca como tal.

ABERRANTE. El congresista y ex magistrado Víctor Mayorga, quien presidió la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que aprobó la denuncia contra Canchaya, calificó de “aberrante” el dictamen porque la prescripción es una figura que se aplica para el proceso cuando no hay sentencia.

“En este caso está claro que ya ha habido sentencia, y el fiscal no tiene por qué opinar por la prescripción. El dictamen del fiscal es aberrante porque no se ajusta a los plazos establecidos por ley”, remarcó.