Congreso aprueba nuevo Estatuto de Cataluña sin los votos del PP.

Este Estatuto sustituye al vigente desde 1979, después de que sea votado en referéndum por los ciudadanos de Cataluña, región del nordeste de España en la que viven 6,7 millones de personas y que tiene una de las rentas per-cápita más altas del país.

Desde que comenzó a elaborarse a finales de 2003, el proyecto ha estado marcado por la polémica debido a la definición de Cataluña (territorio con lengua, cultura y tradición propias) como "nación" y a la creación de un régimen fiscal específico.

En el preámbulo del texto, que todavía podría ser reformado en el Senado, se dice que el Parlamento catalán, "recogiendo el sentimiento y la voluntad de la ciudadanía de Cataluña, ha definido de forma ampliamente mayoritaria a Cataluña como nación".

Se añade que la Constitución española "reconoce la realidad nacional de Cataluña como una nacionalidad" y se afirma que el autogobierno de la región se fundamentará en la Carta Magna y también "en los derechos históricos del pueblo catalán".

El texto aprobado hoy modifica sensiblemente el aprobado hace medio año por el Parlamento regional, cuyo artículo primero rezaba que "Cataluña es una nación" y cuyo preámbulo hacía referencia al "derecho" de los catalanes a "determinar libremente su futuro como pueblo".

La versión final fue aprobada en el Congreso por 189 votos a favor, 154 en contra y 2 abstenciones, y antes de la votación los grupos parlamentarios reprodujeron la intensa polémica política que esta reforma estatutaria ha generado en estos dos años y medio.

El presidente del Gobierno, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, asistió al final del debate después de entrevistarse con el presidente regional de Cataluña, Pasqual Maragall, quien encabezó la delegación catalana que presenció los debates en el Congreso.

Zapatero no subió a la tribuna del Congreso para apoyar el nuevo Estatuto catalán, pero al final de la sesión manifestó que se han cumplido "con creces" las expectativas que tenía al respecto.

La posición del Ejecutivo fue defendida por la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, quien señaló que la reforma fortalece la Constitución y no deja lugar para "la añagaza de la quiebra del Estado o de la ruptura de España".

La vicepresidenta señaló que el espíritu de la reforma del texto es de respeto a la diversidad en la unidad de "una España mejor, más tolerante, más solidaria y más fuerte; una España de todos".

El líder del PP, Mariano Rajoy, expuso las razones del voto en contra del principal grupo opositor, y aseguró que, tras su aprobación, "estamos en el principio del fin del Estado, tal y como lo concebimos en 1978 (año de aprobación de la Constitución)".

Rajoy ve "una reforma constitucional encubierta" en este texto, que "divide a los españoles, exalta la insolidaridad, nos hará mas ineficaces dentro de las fronteras y más irrelevantes fuera".

El líder conservador acusó al Ejecutivo de estar "jugando con fuego" con el Estatuto de Cataluña, del que pidió se "retire la expresión nación", porque si se acepta el término "va a ser el termómetro de lo que se podría hacer o no" en el País Vasco.

"Nos van a dejar una bomba de relojería que puede estallar mañana o pasado mañana, pero que se queda ahí", aseveró el líder del PP.

También votaron en contra los independentistas de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), cuyo secretario general, Joan Puigcercós, dijo que el nuevo Estatuto "es bueno para España, para una región de España, pero no lo es para una nación como Cataluña".

No obstante, ERC (que integra el Gobierno tripartito regional catalán junto a socialistas y comunistas) podría tener una posición más conciliadora ante el referéndum e incluso votar a favor.

A ERC, que achaca el "recorte" del Estatuto a la "crispación" propiciada por el PP, no le gusta que se utilice "un circunloquio" para definir a Cataluña como nación y se haga sólo en el preámbulo, y espera que se mejoren cosas en el redactado del Senado.

Esa mejora, según Puigcercós, podría llegar tras el "cambio en el clima político" a raíz del "alto el fuego permanente" de la organización terrorista ETA, que entró en vigor hace una semana. EFE