El pedido de vacancia de la congresista 'robaluz' está en el limbo

El pedido de vacancia de la congresista Rocío González –quien tiene una condena firme de cuatro años de prisión suspendida por la comisión del delito de hurto agravado de energía eléctrica cometido por su empresa Proalim– está literalmente en el limbo, pues nadie en el Parlamento sabe con certeza cuál es el procedimiento que se debe seguir.

El vocero aprista, José Vargas, señaló que si existe una sentencia firme (como que la hay) no queda otro camino que la vacancia, pero dijo que el caso tendría que ser analizado por la Comisión de Constitución para, luego, tomarse una decisión en el Pleno. Sin embargo, su colega Mercedes Cabanillas, presidenta de la citada comisión, aseguró que su grupo no trata esos temas, e indicó que el llamado a ver esos asuntos es la Comisión de Acusaciones Constitucionales.

Rolando Sousa, titular de la Comisión de Justicia, indicó que el Congreso no podría tomar ninguna decisión si no hay un pedido expreso de la Corte Suprema para que se le levante la inmunidad. No obstante, sostuvo que esta solicitud solo se podría dar en caso de que la condena incluya una sanción accesoria de inhabilitación, dado que no está prohibido –aseveró– que una persona condenada a prisión suspendida ejerza el cargo de parlamentario.

El jurista Javier Valle Riestra coincidió en que tiene que haber un pedido formal del Poder Judicial, pero también manifestó que –considerando que el caso ya se conoce públicamente– nada impide que el Legislativo solicite la documentación pertinente a la Corte Suprema para que pueda tomar una decisión.