Cabanillas se lavó las manos en responsabilidad de Bagua

La ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, evitó asumir directamente su responsabilidad por los sucesos ocurridos el 5 de junio en Bagua durante el desbloqueo de la carretera Fernando Belaunde Terry, en la denominada Curva del Diablo, que dejó el saldo trágico de 24 policías y 10 nativos muertos.

En su explicación ante el Pleno del Congreso de la República, que la interpeló por estos sucesos, Cabanillas informó que la orden para el desalojo partió del director de la Policía Nacional, José Sánchez Farfán, y que fue ejecutada por el general PNP Javier Uribe, jefe del comando de operaciones en dicha zona.

“El general Sánchez Farfán informó que el operativo de desalojo se llevaría a cabo el viernes 5 de junio”, refirió la ministra. Asimismo, indicó que dicha orden fue previamente decidida en el Consejo de Ministros.

Cabanillas reiteró que no fue su función supervisar los detalles del operativo y que, como una funcionaria civil, respetó las atribuciones especializadas de la Policía. “Tengo la conciencia tranquila. El ministro no es un mariscal de campo. Soy responsable política dentro del marco constitucional; no soy irresponsable”, subrayó.

Por su parte, el premier Yehude Simon sostuvo que en el incidente de Bagua se inmolaron efectivos policiales “para evitar una masacre que los intereses desestabilizadores querían provocar”. Al término de su exposición, que duró siete horas, el primer ministro planteó que una comisión independiente, formada por miembros de la sociedad civil, investigue las responsabilidades políticas y administrativas del “Baguazo’.

Las explicaciones de ambos, sin embargo, no impidieron que la oposición suscribiera dos mociones de censura pidiendo la cabeza de los dos integrantes del gabinete ministerial. Las firmaron legisladores del Partido Nacionalista, del fujimorismo, de Alianza Parlamentaria, del Bloque Popular y de Unidad Nacional.

Durante el debate, las críticas de la oposición fueros duras. El vocero nacionalista, Fredy Otárola, opinó que la ministra se había “lavado las manos’ al culpar al comando de la Policía y que tanto ella como Simon serían pasibles de una demanda penal.

A su turno, el fujimorista Carlos Raffo cuestionó la conducta del premier e indicó que era muy tarde para sermones porque los 34 muertos eran el resultado del fracaso de sus negociaciones. “Nos ha puesto delante los cadáveres de la Policía para tapar su fracaso”, añadió.

Por el lado del Apra, Mauricio Mulder atribuyó gran parte de la responsabilidad de lo sucedido en la selva a “grupúsculos” que manipulan a las comunidades nativas para desestabilizar la democracia. Añadió que “los enemigos del Perú seguirán buscando muertos” y que todo obedece a una escalada política que se daría en julio y en setiembre para cercar Lima.

CASO PANAMERICANA. Por la mañana, el primer ministro respondió a los cuestionamientos por la intervención de la Sunat en Panamericana Televisión y por la utilización indebida de la señal de Canal 7 a favor del vocero de la bancada oficialista, Aurelio Pastor.

Ante la representación parlamentaria, Simon descartó la intervención gubernamental en la medida cautelar adoptada sobre el Canal 5, y aseguró que esta fue una decisión autónoma de la Sunat y de la cual –dijo– tanto él como su gabinete tomaron conocimiento a través de los medios de comunicación. En ese contexto, rechazó que el propósito real de la intervención responda a un afán del Ejecutivo de direccionar la línea editorial del referido medio de comunicación.

Sus palabras, sin embargo, no convencieron a la oposición.