Los nativos se comprometen a deponer su llamado a la insurgencia

Los nativos en huelga acordaron esta tarde deponer su llamado a la insurgencia contra el Gobierno hecho ayer, tras suscribir esta tarde un acta de compromiso con la Defensoría del Pueblo, en la que también aseguran que realizarán su protesta en el marco del Estado de Derecho.

El adjunto de la institución para la Prevención de Conflictos Sociales y Gobernabilidad, Rolando Luque, señaló que en la cita los dirigentes indígenas dejaron constancia dejarán sin efecto la referencia hecha al “derecho de insurgencia” en declaraciones públicas y en el manifiesto publicado en su página web.

Señalaron también, que persistirán en su disposición al diálogo con el Congreso y el Ejecutivo para que se deje sin efecto el estado de emergencia decretado hace unos días en varios distritos amazónicos de los departamentos de Amazonas, Cusco, Loreto y Ucayali.

Además, la Defensoría del Pueblo continuará estudiando los aspectos constitucionales de los decretos legislativos que los huelguistas piden derogar por considerarlos lescivos a sus intereses y promoviendo la urgente dación de una ley marco sobre el derecho a la consulta de conformidad con el Convenio 169 de la OIT.

Por parte de Aidesep acudieron su presidente Alberto Pizango, la vicepresidente Daysi Zapata, el secretario de actas Saúl Puerta y Marcial Mudarra, de la Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas-San Lorenzo. En representación de la Defensoría estuvieron Luque Mogrovejo, el asesor del Despacho Vito Verna, la jefa del Programa de Pueblos Indígenas Alicia Abanto, y Edson Berrios, Comisionado de la Adjuntía para Asuntos Constitucionales.

NO HAY PREVENCIÓN. Por la mañana, sobre la situación en la selva, la defensora del Pueblo, Beatriz Merino, advirtió que el Gobierno carece de capacidad preventiva, porque de los 80 conflictos que están en proceso de diálogo en el país, en el 88% de ellos se inició las conversaciones para una solución luego de que estallarán acciones violentas.

En ese sentido, recomendó fortalecer la institucionalidad del Estado para poder responder oportunamente a los conflictos que se presenten. “De lo que se trata es que tengamos más estrategia de prevención y diálogo de lo que tenemos ahora”, anotó en RPP.

Merino Lucero había adelantado que una de la condiciones para que la Defensoría medie en el conflicto entre los nativos y el Gobierno es que los primeros depongan el llamado a la insurgencia que habían invocado en la víspera. “Nuestro papel es defender la democracia, no podemos acompañar un proceso en cual algunos dirigentes se colocan al margen de la ley”, subrayó.

Respecto a las declaraciones del ex presidente Alejandro Toledo, quien señaló que el presidente Alan García quiere vender el Perú a toda costa, Merino Lucero pidió no politizar el conflicto con la comunidad nativa, que tiene que ver con un abandono ancestral de parte de la autoridades.

Precisamente, el jefe de Estado también había rechazado el llamado de Aidesep para desconocer la autoridad del Gobierno, y aclaró que las tierras de la amazonía son de todos los peruanos y no de un pequeño grupo, en alusión a las comunidades indígenas en huelga.

SIGUIERON LOS BLOQUEOS. Pese a que el premier Yehude Simon había anunciado anoche que los nativos del departamento de San Martín acordaron levantar los bloqueos de carreteras, esta mañana amaneció tomado un sector del kilómetro 430 de la carretera Fernando Belaunde por miembros de la etnia awajún, informó RPP.

El corresponsal de la radioemisora destacó que los nativos de las provincias de Lamas y El Dorado levantaron la huelga que ayer cumplió 36 días y creó una situación crítica en Tarapoto y desabasteció varias ciudades en San Martín y Ucayali.

Sobre esta situación, fuentes de la Región Policial con sede en Moyabamba dijeron a la agencia Andina que un grupo – que aparentemente desconocía el levantamiento del paro – aún permanece en el sector de Naranjillo, distrito de Nueva Cajamarca, provincia de Rioja.

Por la tarde, la corresponsal de Canal N en la zona informó que el tránsito por la referida vía se restableció y los huelguistas apostados se retiraron pacíficamente de la zona.

ENTRARÁN LAS FUERZAS ARMADAS. El Ministerio de Defensa autorizó la intervención de las Fuerzas Armadas para apoyar a la Policía con el fin de garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales en algunos distritos amazónicos de los departamentos del Cusco, Loreto, Amazonas, San Martín y Ucayali, según dos resoluciones supremas publicadas hoy en el diario El Peruano.

Una de ellas indica que esta disposición se aplicará por el plazo de 30 días calendario en el distrito de Echarate, provincia de la Convención (Cusco); Andoas, provincia del Datem del Marañon (Loreto); e Imaza, provincia de Bagua (Amazonas), que fueron declarados en estado de emergencia hace unos días por el Ejecutivo por los brotes de violencia durante el paro, medida que exacerbó a las comunidades levantadas.

La segunda señala que esta intervenión estará vigente desde el 16 de mayo al 14 de junio del presente año en los distritos de Aramango, el Milagro, Cenepa y Santa María del Nieva, en las provincias de Bagua, Utcubamba, y Concorcanqui, respectivamente, en el departamento de Amazonas. Además, en el distrito de Morales, en San Martín, así como en las jurisdicciones de Saramiriza e Indiana, en las provincias de Maynas y Atayala, respectivamente, en el departamento de Ucayali.

DATOS

• Los nativos amazónicos reclaman al Ejecutivo la aplicación y cumplimiento del convenio 169 de la OIT, en el que se contempla la consulta obligatoria a los pueblos indígenas para el ingreso de transnacionales a su territorio. Asimismo, exigen el reconocimiento de las reservas territoriales a favor de los pueblos amazónicos y en aislamiento voluntario.

• Igualmente, solicitan al Congreso la reforma de la Constitución para que se incluyan normas que los amparen y la derogación de la Ley 29317-Nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre, la Ley de Recursos Hídricos y el D.L. 1064 que, según a Aidesep, elimina el derecho de negociación de las comunidades indígenas con las empresas a las que el Gobierno otorga concesiones.