Califican de "sospechosos" los favores entre dos alcaldes

A la denuncia contra el alcalde de San Miguel, Salvador Heresi, sobre un presunto desbalance patrimonial, se sumó también el intercambio de favores entre este y el burgomaestre del Callao, Félix Moreno, pues ambos han contratado a parientes del otro en sus respectivas alcaldías. Al respecto, el experto en derecho municipal Marco Tulio Gutiérrez calificó tal hecho como “una sospechosa coincidencia”.

En conversación con Perú21.pe, indicó además que suele ser un caso frecuente en las entidades municipales. “Es algo que se comenta por lo bajo, se hace para burlar la Ley de nepotismo. Tú contratas a mi pariente y yo al tuyo”, explicó.

Gutiérrez señaló que, pese a las implicancias éticas y morales que el caso suscita, la esposa de Salvador Heresi, Graciela Salinas – quien trabaja en la Gerencia chalaca de Organizaciones Vecinales -, no tiene ningún impedimento legal para desempeñar un cargo en cualquier municipio.

“Sin embargo, por el buen nombre de los dos alcaldes, considero que sus parientes deberían ser separados de sus cargos. Hay un impedimento moral que viene de la interpretación que la ciudadanía le da a estas sospechosas coincidencias”, comentó.

CUENTAS CLARAS. En relación al desequilibrio entre los ingresos que percibe Heresi y su patrimonio, Gutiérrez explicó que la Constitución consagra la presunción de la inocencia, y que en tal sentido, al haber una denuncia pública, esta debe ser aclarada por una investigación del Ministerio Público.

Consultado sobre el tema, el congresista y también vicepresidente del PPC (partido al que pertenece Heresi), Raúl Castro, sostuvo que solo se trata de una denuncia que se basa en supuestos indicios y que “lo que hay que resaltar es la actitud de Heresi de pedir que lo investiguen, lo que deja a salvo el nombre del burgomaestre”.

Sin embargo, para Gutiérrez, esa es la única postura que puede tomar Heresi ya que está en la obligación de acatar el Código Ético del Funcionario Público, que ordena a quien maneja un presupuesto público que facilite cualquier tipo de investigación sobre su patrimonio.