"El caso El Frontón no ha prescrito porque se vio en el fuero militar"

El ex defensor del Pueblo Walter Albán advirtió hoy que no se puede declarar la prescripción de la matanza de El Frontón, ocurrida en 1986, ya que este caso fue ventilado en el fuero militar, una instancia que no habría reunido las garantías del debido proceso que los pactos internacionales y la Constitución consagran.

En ese sentido, recalcó que “lo fundamental es tener claro que está de por medio el derecho de las víctimas del caso El Frontón (a pedir justicia y sanciones para los responsables) y que se trató de una clara y grave violación a los derechos humanos”.

El Tribunal Constitucional (TC) declaró improcedente el recurso interpuesto por el Instituto de Defensa Legal (IDL) para que se determine la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la resolución judicial que aceptó el hábeas corpus de Teodolito Bernabé Montoya, un ex marino involucrado en las ejecuciones extrajudiciales de El Frontón que solicitó la prescripción de su proceso.

En diálogo con Perú21.pe, Albán calificó como “una salida por la tangente y formalista” la decisión adoptada ayer por el TC, que no fijó una posición contundente sobre si el caso El Frontón ha prescrito o no.

Asimismo, indicó que el fallo del máximo organismo de control constitucional está desconociendo una decisión del 12 de octubre del año pasado tomada por el mismo organismo, que admitió a trámite la queja que había presentado el IDL.

Además, el constitucionalista calificó como “muy grave” que el colegiado señale que las sentencias estimatorias no son revisables, ya que “otra vez lo está tomando como una cuestión absoluta”.

El también decano de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú aseveró que el TC “comienza a destejer criterios, interpretaciones que se habían considerado como orientadoras de la jurisprudencia y de todo el aparato jurisdiccional”.

Frente a esa situación, sostuvo que una salida es que los familiares de las víctimas acudan a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que se pronuncien sobre esta materia.