El Tribunal Constitucional (TC) le dio la razón a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y resolvió que le corresponde a dicho organismo regular e implementar la franja electoral durante los comicios.
A inicios de año, la ONPE presentó una contienda de competencia al considerar que el JNE vulneraba sus atribuciones en asuntos como la franja y la supervisión de fondos partidarios.
Sobre el último punto, el TC precisó que es competencia del JNE fiscalizar el control de la actividad financiera de los partidos, ejercida por la ONPE, que, a su vez, tiene la obligación de remitir los informes que se le requiera.
Asimismo, el TC declaró nula la función otorgada al gerente de fiscalización del JNE de poder analizar y sistematizar la información financiera presentada por cada organización política ante el proyecto del Voto Informado del propio Jurado.